El Diario Infobae, en su edición digital publicó este artículo firmado por Facundo Chavez, y a continuación, el artículo de opinión de Sandra Arroyo Salgado, también publicado por el Diario Infobae.
Los actos centrales en memoria de Alberto Nisman, al cumplirse once años de su asesinato —calificado como tal por la Justicia argentina tras una prolongada investigación—, se realizaron en la sede de la AMIA, en la calle Pasteur al 600, barrio de Once. El edificio es el mismo que sufrió el atentado terrorista del 18 de julio de 1994, donde murieron 85 personas, y desde entonces representa un espacio central de la memoria colectiva sobre el terrorismo y las deudas pendientes del Estado argentino en materia de justicia.
La jornada se organizó en dos instancias diferenciadas. El acto central en la plaza seca de la AMIA, con la presencia de autoridades comunitarias, representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, del Estado de Israel y familiares del fiscal. Y un encuentro organizado por la DAIA en el séptimo piso del edificio, con formato de panel, dedicado al contexto del asesinato, las irregularidades de la investigación y la situación actual de las causas judiciales.
Esta vez, no hubo presencia de funcionarios del gobierno de Javier Milei.
“Hoy más que nunca, la voz y el trabajo de Alberto Nisman, que se quiso enterrar con su asesinato, no logró ese cometido”, afirmó la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ex esposa y madre de sus dos hijas, Kala y Iara.
El homenaje en la AMIA
El acto principal se desarrolló en la plaza seca de la AMIA y estuvo encabezado por el presidente de la institución, Osvaldo Armoza. Entre los presentes en primera fila estuvieron la madre de Alberto Nisman, Sandra Garfunkel; su ex esposa Sandra Arroyo Salgado; el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein; el embajador del Estado de Israel en la Argentina, Eyal Sela; el presidente de la Asociación de Fiscales de la Argentina, el fiscal Carlos Rívolo; además de dirigentes comunitarios, invitados especiales y representantes del ámbito judicial y diplomático.
El acto contó con dos oradores: la propia Arroyo Salgado y Osvaldo Armoza. Ambos discursos se desarrollaron en un clima de solemnidad y se centraron en el legado institucional de Nisman, en los avances judiciales de los últimos años y en las tareas pendientes para el esclarecimiento del caso.
El discurso de Sandra Arroyo Salgado
La jueza federal de San Isidro habló como ex esposa de Alberto Nisman y como magistrada. Su exposición abordó el contexto internacional y la situación política y judicial de la Argentina respecto a las causas vinculadas al terrorismo y al asesinato del fiscal.
Arroyo Salgado mencionó que la “realidad mundial actual”, especialmente el accionar de regímenes como el chavismo y el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, junto al régimen teocrático de los ayatolás en Irán, confirmaron el trabajo realizado por Alberto Nisman. Según afirmó, estos procesos internacionales reubicaron su legado y ratificaron que la sociedad argentina supo expresarse frente a los intentos de silenciamiento.
La jueza sostuvo que el asesinato del fiscal buscó infundir temor y callar una investigación molesta, pero ese objetivo no se concretó. “Ese temor que, con el asesinato de Nisman, quisieron infundirnos, ese silenciamiento, no prosperó”, afirmó Arroyo Salgado. Destacó que la respuesta social se manifestó en forma democrática, a través de las urnas, apoyando proyectos de gobierno que, según indicó, reflejan la posición elegida por los argentinos frente al terrorismo.
Arroyo Salgado subrayó que la Argentina optó por alinearse con los países que luchan contra el terrorismo y defienden los valores de la vida, la libertad y la democracia, en contraposición a quienes buscan imponer regímenes totalitarios y discursos de odio. Relacionó esa definición con el legado de Nisman, a quien describió como un funcionario que arriesgó su vida por su trabajo.
Uno de los mensajes centrales de Nisman, resaltó la jueza, es la necesidad de mantener la voz activa: “La verdad y la justicia siempre llegan. Aunque tarde, llegan”, expresó Arroyo Salgado. Aseguró que el intento de acallar la voz y el trabajo de Nisman no logró su cometido; por el contrario, su tarea sigue vigente y obtiene nuevos reconocimientos.
En otro tramo de su discurso, Arroyo Salgado se refirió a una “trilogía” de hechos vinculados al terrorismo en la Argentina: el atentado contra la AMIA en 1994, la denuncia por encubrimiento y traición a la patria presentada por Nisman por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, y el asesinato del propio fiscal. Según afirmó, los tres episodios registraron avances en los últimos años.
La jueza destacó que la lucha contra el terrorismo se transformó en una política de Estado. Sobre el atentado a la AMIA, explicó que el proceso judicial cuenta actualmente con una herramienta legal que permitirá someter a juicio oral y público, al menos de manera testimonial, a los ciudadanos iraníes acusados por Nisman desde el año 2006.
Respecto de la denuncia por encubrimiento vinculada al Memorándum con Irán, recordó que se espera la fijación de la fecha de juicio oral, decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el cinco de diciembre de 2024. En cuanto al asesinato de Nisman, sostuvo que la Justicia se pronunció en base a las pruebas y concluyó que la muerte fue un asesinato íntimamente vinculado con su labor, especialmente por la postura que adoptó respecto a ese pacto de impunidad.
Arroyo Salgado remarcó que aún falta avanzar en la identificación de los responsables materiales e intelectuales del asesinato, y subrayó que, tras más de una década, el trabajo del fiscal continúa generando efectos concretos en el ámbito judicial e institucional.
El mensaje del presidente de la AMIA
Luego de la intervención de Arroyo Salgado, el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, tomó la palabra. Su discurso, de tono institucional, se centró en el significado del homenaje y en las obligaciones del Estado frente a los crímenes que marcaron la historia reciente del país.
Armoza señaló que el acto representaba el compromiso de conmemorar el legado de Alberto Nisman y de recordar los valores con los que llevó adelante la investigación del atentado contra la AMIA. Destacó que Nisman desarrolló su labor con dedicación y valentía, cualidades que definieron su vida profesional y lo llevaron a sostener una lucha firme contra el terrorismo fundamentalista y la impunidad.
El presidente de la AMIA subrayó que, para la Justicia argentina, la muerte de Nisman constituyó un homicidio vinculado directamente a la tarea que desempeñó desde la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA, tal como lo determinó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Este dato no es menor: habla de la gravedad institucional de este crimen y de la deuda que el Estado aún mantiene con la verdad y con la justicia”, afirmó Armoza.
A once años de la muerte del fiscal, Armoza afirmó que no hay paz posible sin justicia ni democracia sólida sin verdad, y que no existe futuro sostenible si el Estado no responde ante los hechos más graves que marcaron la historia reciente. Sostuvo que no se puede naturalizar el paso del tiempo sin obtener respuestas.
Esa premisa, explicó, es válida tanto para la causa que investiga el crimen de Nisman como para el atentado contra la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994, y el ataque a la Embajada de Israel, ocurrido el 17 de marzo de 1992. Aceptar la impunidad, agregó, agrava el daño y condena a las familias de las víctimas a convivir con un dolor multiplicado por la ausencia de justicia.
Armoza sostuvo que el reclamo de justicia trasciende a las instituciones comunitarias y representa una exigencia de toda la sociedad argentina. “Reclamar justicia es un ejercicio de ciudadanía y de compromiso democrático”, afirmó. Agregó que implica exigir que el Estado cumpla su obligación indelegable de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los crímenes más graves. En la Argentina, concluyó, el terrorismo, la violencia y el asesinato no pueden quedar impunes.
El acto organizado por la DAIA
Antes del acto central, la DAIA realizó su propio homenaje a Alberto Nisman en el séptimo piso del edificio de la AMIA. El encuentro, en formato de panel, reunió a dirigentes comunitarios, invitados especiales y referentes del ámbito judicial.
El panel estuvo encabezado por el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, y tuvo como oradora principal a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Participaron también el fiscal Hernán Kleiman, secretario letrado de la Procuración General de la Nación y auxiliar fiscal en lo Criminal y Correccional Federal; el secretario ejecutivo de la DAIA, Víctor Garelik; y la moderación estuvo a cargo de Leandro Emsani, de la Secretaría Jurídica de la DAIA.
Durante su exposición, Arroyo Salgado se refirió al contexto en que ocurrió el asesinato de Nisman y a las irregularidades que, según señaló, afectaron los comienzos de la investigación. Señaló además el clima político del momento en que el fiscal acusó a la entonces presidenta Cristina Kirchner por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.
La jueza reiteró que el asesinato resultó una consecuencia directa de la labor de Nisman y lo calificó como un magnicidio. Destacó que los cambios políticos en la Argentina, tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia, permitieron avanzar en el juicio a los ciudadanos iraníes acusados del atentado a la AMIA, en el proceso por encubrimiento que involucra a Cristina Kirchner y ex funcionarios y dirigentes del kirchnerismo, y en la causa sobre la muerte violenta del fiscal.
En ese sentido, sostuvo que la Argentina decidió convertir la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo en una verdadera política de Estado. “Está cerca de que se pueda decir, respecto del trabajo del fiscal Nisman: Tarea cumplida”, afirmó Arroyo Salgado.
Durante el encuentro, tanto Mauro Berenstein como el fiscal Hernán Kleiman rindieron homenaje a Nisman, repasaron el avance de las causas judiciales en los últimos dos años y remarcaron la importancia de sostener el reclamo de justicia. Entre los asistentes se destacaron el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, el juez de la Cámara Federal Mariano Llorens, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, el fiscal general Ricardo Sáenz y Guillermo Yanco, vicepresidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires.
La jornada concluyó sin consignas ni movilizaciones, pero con un eje común en ambos actos: a once años del asesinato de Alberto Nisman, el estado de las causas judiciales, la memoria institucional y el reclamo de justicia continúan ocupando un lugar central en la agenda pública sobre el terrorismo y la vigencia del Estado de Derecho en la Argentina.
Fotos: Adrián Escandar
*Discurso completo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa y madre de las hijas de Alberto Nisman, pronunciado en la DAIA
Nos convoca hoy este homenaje por un nuevo aniversario del asesinato del Fiscal Federal, Natalio Alberto Nisman.
Pero este onceavo aniversario de su magnicidio no es un aniversario más.
Es un aniversario en el que la realidad mundial y nacional -me refiero concretamente a lo que se ha puesto al descubierto recientemente respecto del régimen totalitario de Chavez y Maduro en Venezuela y a lo que está pasando con el régimen teocrático de los ayatollah en Irán, con más las diferencias del alineamiento geopolítico de nuestro país al momento del asesinato de Nisman respecto del actual-, decía que esa realidad ha venido a reivindicar el trabajo de Alberto Nisman, han venido a poner en valor y en el lugar en el que debe estar su legado; ha venido a explicar también el propósito de aquello por lo que Alberto Nisman puso todo en riesgo hasta perder su propia vida.
Ese propósito del que hoy la mayoría de los argentinos en alerta somos atentos guardianes y férreos defensores en el escenario local e internacional, no es ni más ni menos que la lucha contra el terrorismo. La lucha contra quienes mediante el uso de la fuerza, el odio, la violencia y el temor pretenden imponer sus ideas, su pensamiento único y totalitario ya sea en materia política, ideológica o religiosa, desestabilizando las estructuras políticas y sociales básicas y fundamentales a través de acciones violentas que atentan directa e indiscriminadamente contra la vida, la libertad, la propiedad y la dignidad de las personas.
Ese propósito se trata entonces y en definitiva de la lucha contra el terrorismo en pos de la preservación de la humanidad.
Por eso, como lo dije en este mismo lugar, el año pasado al conmemorarse los 10 años de su fallecimiento, en mi opinión, el principal legado que el Fiscal Alberto Nisman y su muerte nos dejó es: que el odio ínsito en la matriz terrorista y el miedo que con sus acciones fomenta, no puede ni debe condicionarnos y mucho menos silenciarnos, como pretendieron hacerlo con su labor, su propósito y su razón hoy más presente y vigente que nunca. Aún cuando con su asesinato pensaron que lograrían silenciarlo y erradicar, con ello, para siempre los avances de su trabajo en pos del esclarecimiento del atentado terrorista que estaba investigando.
Todo lo contrario.
Su crimen provocó el inmediato repudio y reclamo de justicia de la comunidad toda, en el plano nacional e internacional. Fueron muchos los que salieron espontáneamente a expresarse en las calles, hasta llegar a aquella marcha de los paraguas bajo la lluvia torrencial en la ciudad, paradójicamente llamada desde la organización “marcha del silencio”. Digo paradójicamente, pues si bien es cierto que marchamos en silencio, por respeto al luto y a la memoria del fiscal fallecido, promoviendo así un espacio de reflexión por la tragedia sucedida, ese mismo silencio -muy distinto al que pretendieron imponernos con su asesinato- produjo un ruido ensordecedor, un ruido atronador.
A tal punto fue que, a los pocos días, la inmensidad del impacto social y político provocado por esa multitudinaria marcha derivó en un espasmódico discurso que muchos recordarán.
Discurso en el que, de un modo cuasi confesional se puso al descubierto el ánimo del gobierno de turno en ese momento de silenciar, por un lado, y condicionar en modo amenazante, por el otro, a todos los que nos animamos a marchar en reclamo por el esclarecimiento de la muerte del Fiscal. Sin acusar a nadie, sólo pedíamos una investigación seria e independiente.
No olvidemos las literales palabras pronunciadas en aquel febrero de 2015 en el Patio de Las Palmeras de la Casa de Gobierno con un dejo sentenciante, cuando en referencia a quienes marchamos se dijo: “A ellos les dejamos el silencio. Siempre les gustó el silencio … es o porque no tienen nada que decir, o porque realmente no pueden decir lo que piensan.”
Hoy a 11 años de aquellos hechos podemos afirmar que esa sentencia de pretenso silenciamiento -dada sin juicio previo- gracias a la sabiduría y valentía de la mayoría de los argentinos nunca llegó, nunca se concretó. Nunca nos quedamos con el silencio. Porque nos expresamos sin temor, sin miedos, sin condicionamientos de ninguna naturaleza.
Lo hicimos democráticamente, como corresponde, a través del voto en las urnas, eligiendo primero y reafirmando luego el apoyo, a un proyecto de gobierno que tiene bien en claro los valores que por sobre todas las cosas defendemos los argentinos y que, por ende, tiene bien en claro también de qué lado del mundo queremos estar.
Que indiscutidamente es del lado de los países que luchan por un mundo libre, que luchan por la preservación de la humanidad, reivindicando los valores de la vida y la libertad.
Es, sin duda, del lado de los países que coherentes con ello, no se asocian, no negocian, ni se alían con el terrorismo. Más aún, es del lado de todos aquellos países que accionan contra el terrorismo, contra todos aquellos regímenes de gobierno totalitarios que lo amparan y promueven.
Estado de las causas
Dicho esto y yendo concretamente a los aspectos que puntualmente el Licenciado Berenstein me transmitió que eran de interés abordar en este encuentro, esto es, conocer el estado de situación en el que actualmente se encuentran las investigaciones judiciales en pos del esclarecimiento del atentado terrorista sufrido contra esta sede de la AMIA-DAIA en 1994, de la denuncia de encubrimiento de ese atentado realizada por Nisman a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán y del suceso que puso fin a la vida del Fiscal no puedo adentrarme en ello, sin antes señalar que:
En realidad, esos tres sucesos son la trilogía de una misma saga de matriz terrorista en tanto que, tal como lo dijo ya la justicia, el episodio culmine y estelar cuyo homenaje hoy nos ocupa: el asesinato del Fiscal Nisman sólo se explica comprendiendo los dos anteriores capítulos de esa trilogía, que son: 1) Su investigación del atentado terrorista del 18/7/1994; y2) Su denuncia por encubrimiento y traición a la patria a causa de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.
“Una comprensión íntegra de los hechos exige su análisis conjunto, y no un examen aislado de los mismos”.
Causa AMIA
Sabemos que el 25/10/2006 Alberto Nisman, en cuanto fiscal exclusivamente a cargo de la responsabilidad del esclarecimiento de ese atentado terrorista designado a cargo de lo que se llamó la UFI AMIA en el año 2004, a 10 años de acaecido el atentado, presentó en la causa judicial, su acusación formal al gobierno de la República Islámica de Irán y señaló al grupo terrorista Hezbollah como la organización encargada de la ejecución material del atentado, solicitando así la captura internacional de ocho exfuncionarios iraníes.
Tres años después, estableció la identidad del jefe del grupo operativo que ejecutó el atentado, sobre quien también se dictó captura nacional e internacional y la máxima prioridad de búsqueda de Interpol.
El 29 de mayo de 2013, Nisman presentó otro dictamen en el que detalló la infiltración de células de origen iraní en la región y la instalación de estaciones de inteligencia y bases de espionaje destinada a cometer, propagar y fomentar atentados terroristas.
Podemos que hoy la causa AMIA se encuentra en condiciones de llevar a juicio oral y público de manera testimonial a aquellos acusados y esto es gracias a la flamante sanción y vigencia de la Ley 27.784, Ley de Juicio en Ausencia sancionada por el Congreso de la Nación en el mes de marzo de 2025 al aprobar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. Proyecto de Ley a cuyo impulso se había comprometido el Poder Ejecutivo en el comunicado emitido el año pasado al cumplirse los 10 años del asesinato del Fiscal Nisman.
Allí expresamente se dijo que “el Presidente Javier Milei reafirmaba su compromiso de procurar que haya justicia para las víctimas del atentado a la AMIA, para lo cual ha presentado ante el Congreso el proyecto de Ley de Juicio en Ausencia, que asegura que los responsables del peor atentado de la historia en suelo argentino no queden impunes”.
Consecuente con ese compromiso asumido y demostrando que el esclarecimiento y condena a los responsables de aquel atentado es una verdadera política de Estado para este gobierno, se obtuvo en el mes de marzo del año pasado su aprobación en el ámbito legislativo.
Esta herramienta que era una deuda pendiente de la democracia con las víctimas y la sociedad, se trata de un instrumento, una herramienta procesal que permitirá juzgar a los iraníes y libaneses acusados por el Fiscal Alberto Nisman -allá por el año 2006-, sin que la reticencia de dichos acusados de presentarse ante la justicia de nuestros Tribunales pueda obstruir el pronunciamiento judicial al que tienen derecho las víctimas de conocer la verdad de lo sucedido y a sus responsables, ni garantizar su impunidad sine die, como así tampoco, frenar el avance de la investigación hacia el esclarecimiento de otros tramos de la organización, planificación y ejecución del hecho respecto de lo que fue la conexión local.
Efectivamente, el 26/6/2025, el juez federal, Daniel Rafecas declaró que el proceso judicial instruido por el ataque terrorista a la AMIA habrá de proseguir en ausencia de los acusados, con lo cual confirmó judicialmente la aplicación de la nueva legislación procesal que permite juzgar a personas rebeldes en causas de terrorismo o crímenes de lesa humanidad. En tal virtud, los imputados acusados por Nisman declarados rebeldes hace años, que se encuentran prófugos y que no han respondido a los pedidos judiciales ni a las órdenes de captura deberían ser prontamente llevados en forma testimonial a juicio oral y público por el Fiscal actualmente a cargo de la UFI AMIA, Sebastián Basso.
Denuncia de encubrimiento Memorandum
Con respecto a la causa judicial iniciada con motivo de la denuncia efectuada por el Fiscal Alberto Nisman por los delitos de encubrimiento y traición a la patria con motivo de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán podemos decir que se encuentra también en la antesala del juicio oral y público con motivo de la decisión adoptada por la CSJN el 5/12/2024.
Luego de muchas idas y venidas, de más de 10 años de trámite en el que hubo todo tipo de pronunciamientos y posturas en las distintas instancias de la justicia, no olvidemos los primeros conflictos en los que se disputaban qué juez debía intervenir, luego la desestimación por inexistencia de delito inicialmente resuelta por el antes nombrado juez federal Daniel Rafecas, confirmada por la Cámara Federal, y que llevada a la instancia de Casación no pudo ser revisada dado que el fiscal de esa instancia, el Dr. Javier De Luca no mantuvo el recurso, no mantuvo la casación, intentando sellar con ello el archivo ese expediente. Luego el sobreseimiento dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 8 de CABA. La intervención de las Salas I y IV de la Cámara Federal de Casación Penal revirtió la situación.
Lo cierto y concreto es que de no haber sido por la acción e impulso de las querellas de la DAIA y de parte de los familiares de las víctimas del atentado Luis Cycewsky y Mario Averbuch esa denuncia no hubiera visto la luz y no hubiéramos llegado a esta instancia en la que desde el pasado 5/12/2024 en que la CSJN se pronunció –día del cumpleaños N.º 61 de AN– se encuentra esperando que se concrete el juicio oral y público capaz de definir la suerte de quienes orquestaron ese Pacto de Impunidad. Y del trabajo que, como dijo la justicia, le costó la vida al Fiscal.
Pacto de Impunidad con el que el gobierno de la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner intentó sustraer a los acusados del atentado terrorista más grave sufrido en Argentina de la soberanía de nuestros Tribunales de Justicia. Como se sostuvo en el comunicado de la oficina presidencial el año pasado “un verdadero ejemplo de entrega de soberanía y traición a la patria”.
Recordemos que el art. 109 de la Constitución Nacional claramente establece que el Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones judiciales, ni arrogarse el conocimiento de causas pendientes: la causa AMIA era una causa pendiente.
Así tenemos que hoy día la denuncia del Fiscal Nisman se encuentra esperando que en las áreas administrativas correspondientes del Poder Judicial se concrete la dotación de personal que los tres jueces de Tribunal Oral designados, Basso, Giménez Uriburu y Ríos han planteado que necesitan para poder llevar adelante el juicio.
Homicidio
Respecto de la muerte del Fiscal -como sabemos- la justicia argentina se pronunció hace ya algunos años afirmando lo que fue probado en el expediente judicial: y es que Alberto Nisman fue víctima de un homicidio que estuvo íntimamente vinculado a su trabajo como fiscal a cargo de la UFI AMIA.
“Alberto Nisman fue víctima de un homicidio y su muerte estuvo motivada en su labor en la UFI–AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán.” Sosteniendo a renglón seguido que se encuentran en curso la producción de medidas tendientes a determinar la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron.
Su asesinato fue el final del silenciamiento que se intentó imponer a Nisman, ahora visto para atrás podríamos decir que fue la crónica de una muerte anunciada:En agosto y noviembre de 2012, recibió amenazas muy graves. En febrero de 2013, siguieron las amenazas.En julio de 2013. La entonces procuradora Alejandra Gils Carbó le negó a Nisman concurrir a la Subcomisión de Seguridad del Congreso de los EEUU a exponer sobre su investigación.
Buscaron silenciarlo de todas las formas posibles.
Hoy están imputados los responsables del encubrimiento de su asesinato la entonces fiscal Viviana Fein, el exministro de Seguridad Sergio Berni y su ex segundo Darío Ruiz, los entonces jefes de la Policía Federal, Román Di Santo, y de la Prefectura, Luis Heiler.
El fiscal Taiano a finales del año pasado pidió la indagatoria de Fein, nosotros la querella de la familia la habíamos recusado a los pocos meses del hecho sin éxito ante la Justicia.
Hoy día la investigación se centra fundamentalmente en determinar: los autores materiales e intelectuales de ese asesinato tomando como punto de partida la evidencia reconstruida a partir del tráfico de llamadas inexplicable durante todo ese fin de semana entre agentes de inteligencia, funcionarios del Poder Ejecutivo en particular del Ministerio de Justicia y de Seguridad y de altos funcionarios de la Procuración General de quien dependía funcionalmente Nisman y la Fiscal Viviana Fein quien tenía el deber de investigar aquella muerte de manera independiente, objetiva e imparcial.
Por todo lo hasta aquí dicho, podemos decir que hoy a 11 años del asesinato que conmovió al país y a la comunidad internacional podemos afirmar que estamos bastante más cerca de decir misión cumplida en el esclarecimiento de los tres sucesos y esto es muy importante.
Porque cuando un fiscal que investiga el terrorismo internacional y los entramados de corrupción estructural del poder político de turno que pretende encubrirlo, aparece muerto y 11 años después el Estado no ha dado aún respuestas definitivas, lo que está en crisis no es sólo una causa judicial: lo que queda bajo sospecha es la capacidad misma de la democracia para proteger a quienes cumplen con su deber funcional de investigar y llevar verdad y justicia a las víctimas de atroces atentados terroristas.
Por ello y con ello lo que está en juego, no es una historia personal, no es un tema individual de la familia de Alberto Nisman, ni de cada una de las familias de las víctimas de los atentados terroristas sufridos en nuestro país en los años ‘92 y ’94, sino que lo que está en juego es la fortaleza misma del Estado de Derecho.
Por ello debemos estar atentos y activos con nuestra participación para que ese historial de pretenso silenciamiento que caracterizó aquellos años de la historia reciente de nuestro país con esa tendencia a propagar mediante discursos de odio un pensamiento único y totalitario no vuelva. Sigamos alzando la voz en el reclamo de verdad y justicia en pos del esclarecimiento de estos tres hechos terroristas. Ellos definirán el futuro de nuestro país y su posicionamiento geopolítico a nivel mundial en materia de lucha contra el terrorismo.
